La Iniciativa Popular de Ley o Iniciativa Ciudadana de Ley es un mecanismo de democracia directa, de participación ciudadana en la actividad legislativa, a través del cual, la ciudadanía puede proponer la creación de una nueva ley o bien, la modificación de alguna. Para ello se realizan votaciones, y si estas son favorables, la iniciativa es tratada de igual forma que un proyecto ley.

La iniciativa popular con incidencia en la legislación, se reguló por primera vez en la Constitución suiza de 1848, al margen de los atisbos que se pudieran encontrar en el artículo 6 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano o en el Proyecto Girondino de 1793. En la Carta Magna suiza se circunscribió a la reforma de la constitución, a instancia de 50.000 ciudadanos, y sirvió de referente para las primeras conceptualizaciones de la institución, vale destacar que no fue hasta la revisión total de la Constitución en 1874 que en Suiza se adoptó la ILP para el nivel federal” .

Para entender el origen de la Iniciativa popular, podemos citar el siguiente trabajo de la Revista de Investigación Scielo, para Brasil, año 2019, denominada: La iniciativa legislativa popular en América Latina:

“La ILP (Iniciativa Legislativa Popular) tuvo sus orígenes en al antiguo derecho de instancia o petición, asociado a las monarquías más absolutas y bajo las tiranías asiáticas, alcanzó tanto un uso privado como público, en dependencia de la naturaleza de lo solicitado. Maurice Haoriou al tratarlo en su obra Principios de Derecho Público y Constitucional, acotó que el derecho de petición “jugó un gran papel político bajo la Revolución, cuando los mismos peticionarios exponían su factum a las Asambleas”, y pervivió mientras la prensa no conquistó su papel vital en la formación de la opinión pública.

Concretamente, este mecanismo existe en diferentes democracias del mundo, en Europa, por ejemplo: Suiza, España, Italia, Austria, Hungría y Liechtenstein. En Latinoamérica, lo vemos presente en Argentina, Costa Rica, Uruguay, Cuba, Ecuador, Venezuela, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay; y en Norteamérica, en algunos estados de Estados Unidos. De esta manera, se permite a la ciudadanía, someter sus propuestas a la deliberación del poder legislativo.

La Iniciativa Popular de Ley, debe estar indicada como una de las formas de generar leyes en una nación. 

En Chile, sólo existen dos formas, tal como lo indica el Artículo 65, inciso primero, de la Constitución Política de la República de Chile , el cual establece lo siguiente: “Las leyes pueden tener origen en la Cámara de Diputados/as o en el Senado, por mensaje que dirija el o la Presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros. Las mociones no pueden ser firmadas por más de diez diputados/as ni por más de cinco senadores/as”. Es por ello que generar una tercera opción debería ser un imperativo, sobre todo en un país que carece de organizaciones que estén en sintonía con las necesidades de las personas.

Actualmente, existen varias “Iniciativas” en el Congreso de Chile para poder integrar esta modalidad, la última ingresada el 2020 y que fue presentada por los senadores Pedro Araya (Independiente), Alfonso de Urresti (PS), Guido Girardi (PPD), Francisco Huenchumilla (PDC) y la senadora Adriana Muñoz (PPD), quedando en el primer trámite constitucional.

Comprendemos así que la necesidad de los pueblos siempre ha sido ser parte de las decisiones de su gobierno y ciertamente, es el modo correcto de ejecutar una democracia.

Por métodos como la Iniciativa Popular de Ley, la cual debe ser el eje central de la Participación Ciudadana, que permita fortalecer la democracia y ejecutar normativas inclusivas, en cómo un pueblo, unido, puede evolucionar a una mejor calidad de vida.